En años recientes salieron de la prisión violadores de menores o reincidentes, hecho que provocó la ira de muchos ciudadanos y una gran polémica en torno al sistema judicial, cuestionando la falta de correspondencia entre la gravedad del delito cometido y la pena impuesta. 

Por ejemplo, en 2020 regresó a su casa tras cumplir condena Cho Doo Soon, en cuyo triste historial de crímenes figura uno de los casos más atroces de violación de menores: el ocurrido en diciembre de 2008 cuando forzó a una niña de ocho años a la que además provocó una discapacidad perpetua por daños irreversibles en sus genitales y su ano.

Por otra parte, en 2022 un violador reincidente llamado Park Byeong Hwa fue puesto en libertad tras cumplir su condena, quien se asentó en una zona no muy lejos del lugar donde cometió sus crímenes principales.

Ante estos hechos, a los que se suma la inseguridad de los que residen en la misma localidad que los ex reclusos, el Gobierno ha anunciado que creará una ley para limitar el posible domicilio de agresores sexuales con alto riesgo de reincidencia, además de habilitar una instalación de residencia controlada, tipo McNeil Island en Estados Unidos, lugar que tras dejar de operar como prisión fue reconvertido en un centro especial para delincuentes sexuales. 

Según lo previsto, el jueves 26 el Ministerio de Justicia anunciará la creación de esa medida y la habilitación de un centro para albergar a agresores sexuales con elevada posibilidad de reincidencia en instalaciones controladas por las autoridades judiciales y policiales. En concreto, la medida apunta a delincuentes que violaron a menores de trece años o que cometieron agresiones sexuales en más de tres ocasiones, así como a aquellos sujetos a vigilancia especial con tobillera electrónica tras cumplir una pena mínima de diez años por delitos sexuales.

Inicialmente, el Ministerio de Justicia valoró promulgar una norma similar a la "Ley Jessica" estadounidense, que prohíbe a los delincuentes sexuales excarcelados vivir en un radio de entre 300 y 600 metros de las escuelas. Sin embargo, descartaron esa propuesta considerando la alta densidad demográfica de ciudades surcoreanas como Seúl, la capital, y optaron por establecer una ley que limite la residencia de los criminales sexuales a instalaciones habilitadas por el Estado. 

No obstante, el problema que plantea dicha medida es que los habitantes de las zonas candidatas para albergar dichos centros de residencia controlada se opongan a instalar residencias de ese tipo en sus vecindario. Al respecto, enfatizaron que habrá una consulta ciudadana previa y que observarán un estricto proceso de convergencia de opiniones.