El oficialismo y la oposición mantienen un pulso político en torno a quién debe tener la facultad de proponer al fiscal especial que investigará las acusaciones de lobby político vinculadas a la Iglesia de la Unificación. Aunque ambas partes coinciden en la necesidad de designar un fiscal especial, no han logrado acercar posiciones sobre el mecanismo de recomendación de los candidatos.

En el gobernante Partido Democrático se barajan fórmulas como la recomendación por parte de terceros independientes, entre ellos el Tribunal Constitucional, el Colegio de Abogados o asociaciones civiles, así como una propuesta mixta con un candidato por cada bloque político.

El partido rechazó la opción planteada por el Partido del Poder Popular y Nueva Reforma, que proponían que la recomendación recayera en el órgano administrativo del Tribunal Supremo, al cuestionar la neutralidad del poder judicial.

Por su parte, el Partido del Poder Popular se opone a otorgar esa facultad a entidades consideradas de orientación progresista y sugirió que dos partidos minoritarios alcancen un acuerdo para recomendar conjuntamente a dos candidatos.