El Tribunal Constitucional aprobó el jueves 18 la destitución del comisionado jefe de la Agencia Nacional de Policía, Cho Ji Ho, contra quien se había presentado en diciembre de 2024 una moción de censura por su participación en el intento de imponer la ley marcial.

En su sentencia, los magistrados concluyeron que Cho vulneró los principios de la democracia representativa y el sistema de separación de poderes, así como las competencias del Poder Legislativo garantizadas por la Constitución. El tribunal determinó que el entonces comisionado ordenó el despliegue de hasta 300 agentes de Policía para impedir el acceso de los diputados a la sala plenaria de la Asamblea Nacional. Según el fallo, Cho actuó siguiendo instrucciones del entonces presidente, Yoon Suk Yeol, con el objetivo de bloquear la votación parlamentaria destinada a dejar sin efecto la ley marcial, una actuación que retrasó dicho proceso.

El Tribunal Constitucional subrayó que las funciones del máximo responsable de la Agencia Nacional de Policía no se limitan a la obediencia al jefe del Estado. Recordó que su deber primordial es garantizar el orden público y el bienestar de la ciudadanía con objetividad, sin atender a intereses políticos particulares, y siempre en defensa de la libertad y los derechos fundamentales de todos los miembros de la sociedad.

En relación con la ley marcial como medida de emergencia, los magistrados señalaron que su aplicación debe realizarse con extrema cautela y con un estricto respeto a los procedimientos previstos en la legislación. Advirtieron de que su uso indebido entraña el riesgo de concentrar el poder en manos de unos pocos, obstaculizar el ejercicio de los derechos fundamentales de la ciudadanía y socavar los valores protegidos por la Constitución.