Unos 240 juristas de Corea y Japón difundieron el martes 9 una declaración conjunta con motivo de dos hitos conmemorados este año: el 60º aniversario de la normalización de las relaciones diplomáticas entre ambos países y el 80º aniversario de la liberación del pueblo coreano del dominio colonial japonés.

En el documento, abogados y expertos en derecho instan con firmeza tanto al Gobierno de Tokio como a diversas empresas japonesas a cumplir de inmediato su obligación de indemnizar a las víctimas de la movilización forzosa de trabajadores y de la esclavitud sexual perpetradas durante el periodo colonial y la Segunda Guerra Mundial. Subrayan que los tribunales de ambos países han determinado que el derecho individual de las víctimas a reclamar compensaciones no prescribió con la firma del acuerdo intergubernamental de 1965. En esta línea, destacan la sentencia del Tribunal Supremo de Corea del Sur, que reconoció la responsabilidad de varias compañías japonesas por la explotación laboral cometida en el pasado.

Los firmantes critican que el sufrimiento y la indignación de las víctimas persisten debido a la negativa del Ejecutivo nipón y de las empresas japonesas a acatar los fallos judiciales y sus obligaciones. Añaden que aún quedan asuntos pendientes relacionados con el periodo colonial, como la búsqueda y repatriación de los restos de trabajadores coreanos fallecidos en una mina submarina en Yamaguchi, la situación legal de los coreanos residentes en Japón y la restitución de bienes culturales coreanos trasladados al extranjero durante la era colonial.