El Ministerio de Territorio, Infraestructura y Transporte presentó el miércoles 26 un plan conjunto para reforzar la competitividad de la industria de los vehículos autónomos en el marco de una reunión económica del Gobierno.

El Ejecutivo destacó que ha llegado el momento de acelerar el desarrollo de esta tecnología y de fortalecer la confianza del público, y fijó como objetivo la comercialización de vehículos autónomos de nivel 4 en 2027.

Para avanzar hacia esa meta, la Administración creará una "ciudad de pruebas" en la que todo el entorno urbano funcionará como zona de demostración. En ella se desplegarán más de un centenar de vehículos autónomos. De este modo, se ampliarán las pruebas que actualmente solo se realizan en 47 áreas piloto. Con esta extensión podrán recopilarse datos de conducción a escala urbana y en condiciones diversas.

El plan contempla también un aumento del apoyo a la investigación y el desarrollo. Se establecerá un centro de aprendizaje de inteligencia artificial para que empresas, universidades y laboratorios puedan entrenar modelos de conducción autónoma con GPU de alto rendimiento. Asimismo, se impulsará el desarrollo de sistemas capaces de interpretar datos y tomar decisiones de manera autónoma, junto con la producción nacional de componentes clave, como plataformas de chasis y semiconductores especializados.

En el ámbito normativo, se revisarán las regulaciones que dificultan el progreso tecnológico. Entre las medidas previstas destaca la autorización del uso de vídeos captados por los propios vehículos en proyectos de I+D. Actualmente, las imágenes deben anonimizarse para ocultar a peatones u otros elementos identificables, pero trabajar con material sin ese procesamiento previo podría mejorar hasta en un 25% la precisión del reconocimiento.

Con vistas a la llegada de la conducción totalmente autónoma, el Gobierno prepara además ajustes legales. En particular, introducirá la figura del responsable de seguridad, encargado de supervisar la operación de los vehículos autónomos y de determinar claramente quién debe responder en caso de infracciones o accidentes. Asimismo, se constituirá un equipo especial para definir cómo se repartirán las responsabilidades en caso de siniestro, con el objetivo de publicar las directrices en 2026.