La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ya había alertado en mayo sobre graves violaciones de derechos humanos cometidas en centros de fraude establecidos en el Sudeste Asiático.

En una declaración conjunta publicada el 19 de mayo, tres relatores especiales de la ONU advirtieron de que la situación en estos centros había alcanzado proporciones de crisis humanitaria y de derechos humanos, e instaron a la comunidad internacional a adoptar medidas urgentes y coordinadas para ofrecer una protección efectiva a las víctimas y reforzar los esfuerzos de prevención.

El organismo había informado además de que mantiene contactos con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), así como con las fuerzas armadas de Myanmar y los Gobiernos de Camboya, China, Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam, con el objetivo de abordar el problema.

ACNUDH también envió copias de las deliberaciones a Corea, Indonesia, Japón y Singapur.

En su declaración, los expertos de la ONU señalaron que las víctimas de la trata de personas son privadas de libertad y sometidas a torturas, malos tratos, violencia grave y abusos sexuales, incluyendo golpizas, descargas eléctricas y confinamiento en solitario.

Asimismo, denunciaron que las organizaciones criminales responsables operan con impunidad, amparadas por la corrupción generalizada en varios de los países donde llevan a cabo sus actividades ilícitas.