El Gobierno y el oficialista Partido Democrático presentaron el martes 30 un primer paquete de medidas destinado a actualizar las sanciones penales aplicables a los delitos económicos. Entre las principales propuestas figura la eliminación del abuso de confianza como delito tipificado en el Código Penal.

La iniciativa responde a críticas sostenidas desde el sector empresarial y jurídico, que consideran que la definición actual de abuso de confianza es demasiado amplia y genera inseguridad jurídica, lo que podría frenar la actividad empresarial. La Administración defiende que suprimir esta figura penal no supondrá dejar sin castigo conductas graves, ya que se impulsará una legislación específica para regular y sancionar prácticas como la filtración de secretos industriales o el uso indebido de fondos corporativos.

El abuso de confianza está contemplado en el Código Penal surcoreano desde 1953. Sin embargo, la amplitud de su definición ha dificultado la aplicación uniforme de la ley y ha provocado dudas sobre qué acciones pueden considerarse delictivas y cuáles no. Con la reforma, el Ejecutivo busca clarificar el marco legal, reducir la incertidumbre para las compañías y, al mismo tiempo, garantizar que delitos económicos de gravedad no queden impunes.