El Tribunal Supremo de Panamá calificó el martes 28 de "inconstitucional" el contrato de renovación de la explotación de la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica, a cargo de Minera Panamá, un 90% de cuyas acciones está en manos de la empresa canadiense First Quantum Minerales, mientras que el 10% restante pertenece a la Corporación de Rehabilitacion de Minas y Recursos Minerales de Corea del Sur. 

Los nueve magistrados del Supremo declararon la inconstitucionalidad de la Ley 406, aprobada el 20 de octubre por el Parlamento unicameral y el Ejecutivo de Panamá, y excluyéndola del sistema normativo de su país. 

Según afirmaron, dicha ley amenaza la vida y la salud de los habitantes en las proximidades a la mina objeto de exlotación, además de vulnerar su derecho básico a residir en un entorno no contaminado. Enfatizó que los beneficios de inversiones privadas que persiguen el crecimiento económico no pueden ni deben tener prioridad frente a los derechos básicos de los ciudadanos. 

También criticaron fuertemente al Ejecutivo panameño por mantener el contrato y renovarlo, pese a que normas similares fueron declaradas inconstitucionales, gesto que consideró un insulto al principio de separación de poderes. 

La Ley 406 regula la explotación de la mina Cobre Panamá, en el corazón del Corredor Biológico Centroamericano, que con una inversión de 10.000 millones de dólares exporta mineral principalmente al mercado chino. Su instalación causó una fuerte polémica por generar daños irreparables al ecosistema, según grupos ambientalistas que llevan años intentanto frenar su explotación.