El Tribunal Administrativo de Seúl revisó el martes 22 la petición presentada por el fiscal general Yoon Seok Youl para impedir ser apartado de su cargo por dos meses. 

Durante la audiencia chocaron ferozmente las posturas del Ministerio de Justicia -que emitió la sanción disciplinaria- y del fiscal general, pues mientras la cartera insistió en que la suspensión favorece el interés público, Yoon afirmó que la medida podría generar "daños irreparables". 

El fiscal general sostuvo que pese a ser una sanción contra su persona, no solo le afecta a él, sino que refleja los problemas del sistema nacional en general. Alegó que apartar a un fiscal general del cargo por investigaciones que incomodan al poder, daña la neutralidad política y la independencia de la Fiscalía, así como las raíces del constitucionalismo y la legalidad del país. También refutó que sus actos busquen rebelarse contra el presidente Moon Jae In en rechazo a la reforma de la Fiscalía. 

En tambio, el Ministerio de Justicia afirmó que la suspensión obedece a la facultad de control democrático sobre el cargo de fiscal general conferida al presidente de la nación, y que dicha sanción favorece al interés público al garantizar la estabilidad en las entidades administrativas. 

Finalizada la sesión, el Tribunal Administrativo de Seúl decidió convocar otra audiencia para proseguir con la revisión el jueves 24.