El Gobierno surcoreano informó a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la repatriación a Pyongyang de los dos marineros norcoreanos acusados de matar a 16 tripulantes, al considerar que no mostraban sinceridad en su voluntad de desertar a Corea del Sur. 

Seúl detalló que pese a que los acusados expresaron posteriormente su deseo de instalarse en Seúl, al ser detenidos trataron de huír, e incluso uno de ellos intentó suicidarse. 

También reacalcó que decidieron repatriarlos a su tierra natal ante la dificultad de garantizar un juicio adecuado por falta de pruebas, y el peligro que para los ciudadanos surcoreanos podría conllevar un choque jurisdiccional.

El Gobierno explicó que dicha medida no vulnera la Convención contra la Tortura, que prohíbe la expulsión de territorio nacional de aquellos que en su país de origen pudieran recibir penas crueles, pues los repatriados en esta ocasión no son refugiados, sino autores de un grave delito "no político", como es homicidio con violencia a múltiples personas.