La Corte Constitucional de Corea del Sur determinará el día 27 la constitucionalidad del acuerdo firmado entre Corea y Japón en 2015, sobre el problema de las esclavas sexuales reclutadas por el imperio nipón durante la Segunda Guerra Mundial.

El pacto fue firmado durante el gobierno de la ex-presidenta Park Geun Hye y mediante este Japón se comprometió a pagar 1.000 millones de yenes para compensar a las víctimas de esclavitud sexual sobrevivientes.

El convenio da por concluido de manera definitiva e irreversible el problema de las esclavas sexuales, pero no pudo evitar críticas al ser firmado a puertas cerradas entre los mandatarios de ambos países, sin reflejar la opinión de las propias víctimas. Además, incluso tras el acuerdo, Japón insistió en distorsionar la verdad alegando que el reclutamiento forzoso de las esclavas sexuales no era un hecho y tampoco existían pruebas históricas.

Ante esta postura, en marzo de 2016 algunas de las víctimas interpusieron una demanda para revisar la constitucionalidad de dicho acuerdo con el fin de reivindicar su dignidad humana y sus derechos.