El Gobierno anunció el jueves 23 una nueva política de bienestar para los niños, que confiere al Estado la responsabilidad de amparar a los niños que necesiten protección, y a los gobiernos locales y regionales el derecho y deber de realizar investigaciones directas sobre casos de maltrato infantil. 

A grandes rasgos, esta medida intensifica la responsabilidad del Estado para mejorar la calidad de vida de los menores y promover los derechos infantiles. En este sentido, una tarea concreta que impulsarán las autoridades es la creación de un sistema de cuidado y protección administrado por los gobiernos central y regionales, para aquellos niños en riesgo de ser separados de sus padres por situaciones de abuso o pobreza. 

Asimismo, aumentarán los empleados públicos a cargo del bienestar infantil, pues actualmente oscila apenas entre uno o dos por cada localidad, distrito o ciudad, mientras que el promedio de niños que necesitan amparo y asistencia asciende a 192 por cada jurisdicción. 

También realizarán anualmente, desde octubre de este año, un censo nacional sobre niños menores de tres años, para llevar un control más eficiente de casos de abandono, muerte y maltrato infantil.