El Ejecutivo presentó el jueves 21 un plan de redistribución de competencias entre la Fiscalía y la Policía, que otorga mayores competencias y autonomía a las autoridades policiales.

El punto central se basa en un acuerdo alcanzado entre las autoridades competentes, y facultará a la Policía a dirigir hasta su conclusión la investigación preliminar en cualquier tipo de acto delictivo. Esto significa que la Fiscalía no podrá intervenir antes de que la Policía remita los casos una vez cierre la investigación, aunque sí podrá exigir indagaciones complementarias sobre las diligencias policiales. 

Las excepciones serán los llamados delitos especializados, tales como corrupción, crímenes económico-financieros, delitos cometidos por altos funcionarios e irregularidades electorales, sobre los cuales la Fiscalía podrá realizar investigaciones directas. 

Esta redistribución de competencias será impulsada junto con un sistema de policía local autónoma, el cual se implementará a modo de prueba desde 2019 en Seúl, Sejong y Jeju.