El Ministerio del Interior dio a conocer el jueves 10 el resultado del estudio sobre seguridad pública, el cual realizó durante 68 días entre febrero y abril a fin de verificar si los establecimientos del país están bien equipados contra posibles incendios u otros desastres imprevistos. 

El estudio en cuestión analizó el estado de 346.346 edificios y establecimientos a nivel nacional y revela que, del total, 10.400 recibieron advertencias y recomendaciones de reparación, mientras que 4.980 -un número nueve veces mayor que el observado hace un año- fueron sancionados con multas u órdenes de suspensión de negocio. 

En particular, incrementaron en gran medida los establecimientos multados por tener apagados los rociadores automáticos o sistemas de alarma contra incendios, así como por bloquear con cajas u otros objetos las salidas de emergencia, o por no reparar las puertas cortafuego. 

Entre los sitios multados, los de obras de construcción fueron mayoría, seguidos por saunas, refugios y centros de rehabilitación, instalaciones de hospedaje y pequeños y medianos hospitales. 

En el caso de las fábricas y locales de venta de alimentos, el tipo de sanción más común fue la suspensión de negocio por almacenamiento de productos con fecha de caducidad pasada.