Más de 3.000 pacientes rechazaron someterse a tratamientos para prolongar la vida en los últimos dos meses, desde que entrara en vigor la ley para una muerte digna. 

El Ministerio de Salud y Bienestar detalla al respecto que a partir del 4 de febrero, fecha en que dicha normativa cobró efecto, 3.274 pacientes rehusaron recibir o suspendieron toda intervención artificial para alargar sus vidas. De ellos, ocho interrumpieron tales tratamientos al llegar a un estado irrecuperable, conforme a la declaración previa de rechazo que habían redactado anticipadamente.

La declaración previa de rechazo a cuidados para prolongar la vida la pueden redactar y registrar de antemano incluso personas que no están enfermas previendo el caso de adquirir una enfermedad grave y caer en un estado que no les permita expresar su voluntad. Hasta la fecha, unas 14.700 personas han elaborado dicha declaración. 

De los cerca de 3.200 pacientes que rechazaron intervenciones artificiales para alargar la vida, más de dos terceras partes -exactamente 2.122 personas- fallecieron, optando de este modo por la muerte digna bajo consentimiento de sus familiares.