Cada vez más las personas optan por acogerse al "derecho a una muerte" y no recurrir a tratamientos con el mero propósito de prolongar artificialmente la vida. 

Al respecto, el Ministerio de Salud y Bienestar ilustró que desde el 23 de octubre -fecha en que comenzó la aplicación provisional de la llamada "ley de muerte digna"- hasta el 4 de diciembre, más de 3.000 personas inscribieron una declaración de voluntad anticipada rechazando tratamientos para prolongar la vida ante una enfermedad terminal. 

Las autoridades prevén que el número de declaraciones aumentará exponencialmente a partir del 4 de febrero, tras finalizar el periodo de aplicación provisional, cuando la ley en cuestión entre oficialmente en vigencia. Entonces, trambién habrá más instituciones médicas que admitan el registro de declaraciones de anticipadas rechazando esos tratamientos.

Tal documento puede redactarlo cualquier persona mayor de 19 años, enferma o no, para expresar de antemano su voluntad de no someterse a tratamientos o intervenciones médicas para alargar artificialmente la vida, en caso de hallarse en fase terminal o ante una enfermedad de difícil cura. En concreto, la declaración rechaza tratamientos como reanimación cardiopulmonar, hemodiálisis, quimioterapia y respiración artificial.