El Ministerio de Justicia ha definido el plan gubernamental para crear un organismo independiente, encargado de investigar actos delictivos cometidos por altos cargos, incluido el presidente de la Nación. El proyecto anticipa, no obstante, menos facultades y de menor envergadura que las propuestas inicialmente por el comité de reforma judicial y la Fiscalía. 

En primer lugar, el alcance de las indagaciones, que en la propuesta original abarcaba a cualquier funcionario de alto nivel hasta tres años después de dejar su cargo, y también a cónyuges, hijos y hermanos, fue reducido excluyendo a estos últimos, y reduce el plazo a dos años. Asimismo, limita investigar a personas en puestos de elección popular o cuyo nombramiento requiera aprobación parlamentaria, y completamente a generales de las Fuerzas Armadas y a ejecutivos y empleados del Servicio de Supervisión Financiera.

La dimensión del organismo también es menor respecto a la propuesta del comité de reforma, pasando así de 122 a 77 integrantes. 

Pero el cambio más polémico es sobre la facultad de investigación principal que buscaba darse al nuevo organismo, que ha quedado prácticamente difuminada, al suprimir el plan gubernamental la cláusula que obligaba a otras instituciones judiciales o investigadoras a notificar de antemano a la Dirección las pesquisas sobre funcionarios de alto rango.