El Tribunal Central de Seúl ha solicitado al Gobierno que aclare la naturaleza jurídica y validez del acuerdo firmado con el Gobierno de Japón sobre la esclavitud sexual durante la Segunda Guerra Mundial, sellado el 28 de diciembre de 2015.

El primer juicio tuvo lugar el viernes 2, en base a la apelación presentada a finales de marzo por las víctimas surcoreanas de esclavitud sexual, cuestionando la constitucionalidad del acuerdo.

El juzgado pidió a las autoridades una explicación detallada en términos legales, no con "retóricas diplomáticas". Agregó que, de ser un tratado hubiera precisado la ratificación de la Asamblea Nacional, si bien no hubo ningún proceso de autorización parlamentaria. En este contexto exhortó al Gobierno a aclarar minuciosamente la naturaleza de dicho acuerdo, para saber si es un compromiso entre representantes gubernamentales o un convenio diplomático.

El Gobierno surcoreano acordó concluir el debate sobre la esclavitud sexual impuesta por los soldados nipones a cambio de que Tokio admitiera oficialmente su responsabilidad al respecto, y donase 1.000 millones de yenes a favor de una fundación para las víctimas. No obstante, e incluso tras firmar el acuerdo, el Gobierno nipón mantiene su postura previa y asegura que "no hay pruebas de reclutamiento forzoso de las esclavas sexuales por el ejército nipón".