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La cámara legislativa promueve una reforma para limitar posibles demandas de la patronal reclamando indemnizaciones por los daños derivados de huelgas. Se trata de la Enmienda a la Ley de Sindicatos y Arbitraje de Relaciones Obrero-Patronales, que la oposición presentó al subcomité de evaluación de proyectos de ley del Comité de Medio Ambiente y Trabajo de la Asamblea Nacional. 

La reforma fue aceptada por dicho subcomité el día 30 tras boicotear la sesión los tres legisladores integrantes del oficialista Poder del Pueblo, aunque contó con el apoyo de los cinco miembros restantes, cuatro de The Minjoo y uno de Partido Justicia. Esto implica que fue una enmienda elevada unilateralmente por la oposición, factor que seguramente complicará su aprobación a nivel del comité permanente, en concreto del Comité de Medio Ambiente y Trabajo.

En esencia, la reforma busca limitar la indemnización máxima exigible por parte de la patronal a los trabajadores por daños y perjuicios generados por actividades sindicales, además de prohibir demandas personales contra obreros concretos, y ampliar la definición de huelga legítima. Su antecedente es un dictamen emitido en 2014 contra los trabajadores que participaron en la huelga de Ssangyong, a los que exigieron una indemnización de 4.700 millones de wones por los daños derivados de la inactividad. Sin embargo, dicho fallo fue revocado esta semana por el Tribunal Supremo, al considerar como “justa” la huelga de los trabajadores de Ssangyong. Además, consideró como una medida excesiva la movilización de helicópteros para reprimir las protestas, y por tanto rechazó que tuvieran obligación de indemnizar. 

Según datos del Ministerio de Trabajo, durante los últimos catorce años, en Corea hubo 151 demandas contra sindicatos, y el total exigido en concepto de indemnización por daños y perjuicios derivados de huelgas alcanzó un valor total de 275.270 millones de wones. Aquellos que se oponen a la Enmienda a la Ley Sindical alegan que limitar la facultad de reclamar de la patronal puede incitar a huelgas al margen de la ley, mientras que el sector laboral enfatiza la necesidad de la reforma para impedir la represión de actividades sindicales y garantizar los derechos de los trabajadores.